En todo el mundo —pero sobre todo en países como el nuestro— el gobierno debe ser un instrumento para cimentar el desarrollo y asegurar la justicia social. Para lograrlo hay que recaudar mejor, gastar con inteligencia, acabar con la corrupción y, sobre todo, invertir en la gente.
No hay fórmulas mágicas ni dinero infinito: el gobierno debe invertir de forma eficiente y sostenida basado en las mejores prácticas internacionales.
La aspiración es una Guatemala equipada de norte a sur: con luminarias en cada esquina, agua en todas las casas, puentes y carreteras seguras. Si trabajamos para ello, tendremos ciudades planeadas, servicios dignos, escuelas funcionales y movilidad suficiente.
Vamos a erradicar la desnutrición y a refundar nuestro sistema de salud porque nuestro país sufre una crisis humanitaria sin precedentes. Echaremos a andar el programa De la tierra a la mesa para revitalizar el campo, erradicar la desnutrición y fortalecer la salud preventiva.
Te invito a ponernos Manos a la Obra con Servicios Dignos y Programas para el Desarrollo.
La historia de nuestro Estado contemporáneo es la historia de una élite corrupta que se ha perpetuado en el poder político para lucrar con los bienes e intereses públicos. Llevamos décadas de una gradual descomposición de las capacidades operativas del Estado que nos ha dejado un aparato gubernamental lleno de problemas para gestionar los servicios básicos.
Esta situación —en la que cada día se gasta más desmedidamente y sin justificación, al mismo tiempo que se invierte menos y con más costos debido a la corrupción de los procesos de contratación pública— no nos deja otra opción que ponernos manos a la obra para resolver los siguientes problemas:
En Guatemala, la composición del tipo de viviendas es de 89.5% casas formales, es decir, que cuentan con construcción y un terreno delimitado. Sin embargo, la cantidad de casas improvisadas o irregulares es de 5.2%. Si a estas les sumamos 0.8% de cuartos de vecindad, tenemos que el 6% de las viviendas de todo el país no pueden acceder a servicios básicos como agua o alcantarillado en su domicilio. Más aún, la cantidad de viviendas excluidas de una toma de agua es mayor, de casi 20%.
La mala inversión e inadecuado mantenimiento de la infraestructura pública para proveer servicios públicos como agua y alcantarillado, vialidad pública, equipamiento urbano, alumbrado y electricidad ha sido la norma en nuestro país. Por ejemplo, el acceso al alumbrado eléctrico todavía no es una realidad para todas las familias de Guatemala: hay un 7% de hogares que se alumbra por candela.
El gasto de gobierno como porcentaje del PIB en Guatemala es el más bajo de la región, con 11% en comparación con Costa Rica, con el 25%. De este porcentaje, apenas el 0.6% del PIB fue destinado, en promedio, a inversión en infraestructura económica de 2015 a 2021, con una tendencia a la baja (Infralatam, s.f.).
En la Encuesta de Evaluación de la Calidad de Servicios Básicos del INE podemos ver que un abrumador 17% de la población no tiene servicio municipal de agua (INE, 2020). Además, casi el 30% de los usuarios ha reportado desperdicio debido a fugas en tuberías de las calles o viviendas. Solo el 59% de las viviendas cuenta con tubería dentro de la casa. El porcentaje de viviendas con drenaje en la casa, es decir con un inodoro convencional, es aún menor, 55.6% viviendas (PNUD, 2021). Hay casi 5% de viviendas que no cuentan con algún servicio de saneamiento.
La realidad es que el acceso al agua no es equitativo para todos. Esto a pesar de que Guatemala es un país muy rico en agua, anualmente están disponibles 97 mil millones de metros cúbicos de agua dulce . Sin embargo, de esto solo se aprovecha un 10% a nivel nacional (GWP, 2017). Es indispensable sentar las bases para cuidar el recurso más valioso que tenemos y que en unas décadas más será estratégico para Guatemala a nivel internacional.
Es inconcebible que una tierra pródiga como la nuestra no dé de comer, que tengamos que importar la mayor cantidad de los granos, como frijol y maíz, que hemos cultivado y consumido ancestralmente. Es terrible que la seguridad alimentaria de nuestra niñez esté amenazada en un país fértil.
Las desigualdades socioeconómicas condenan a gran parte de la infancia del país a una vida limitada por los efectos de la malnutrición. Actualmente somos el cuarto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil (IFAD, 2021). Estas cifras son todavía más severas para niños y niñas de origen indígena. En algunas regiones rurales, donde la mayor parte de la población es de origen maya, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80% (UNICEF, 2018).
El sistema educativo en Guatemala ha sido víctima del desprecio y el saqueo de gobiernos corruptos. Uno tras otro lo han abandonado y hoy enfrenta varios desafíos que dificultan su efectividad para brindar educación de calidad a sus ciudadanos. Algunos de estos desafíos incluyen un financiamiento insuficiente, infraestructura inadecuada, escasez de maestros calificados y una alta tasa de deserción.
Actualmente, Guatemala ocupa el último lugar de Centroamérica en financiamiento a la educación, destinando apenas el 2.9% del PIB, mientras que el promedio es de 4.5% en otros países de Latinoamérica (Rivas, 2021).
El Global Competitiveness Report 2016-2017 del Foro Económico Mundial colocó a Guatemala en el lugar 107 de 134 países en cuanto a la calidad de su educación básica (WEF, 2016), lo que muestra una correlación con los indicadores de desarrollo humano brindados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la evaluación del coeficiente intelectual en el que Guatemala apenas alcanzó 47.72, ocupando la posición 196 de 199 países evaluados en el 2023 (WPR, 2023).
En la última Encuesta de Evaluación de los Servicios Públicos básicos casi 30% de los hogares encuestados reportaron no tener acceso a ningún tipo de servicio de salud. Además, 40% de la población que reportó acudir a servicios de salud públicos dijo que las instalaciones y el equipo no eran adecuados y que no hay médicos ni personal de enfermería suficientes. El 52% de los usuarios reportó estar poco o nada satisfecho con la calidad de los servicios (INE, 2020).
El reto en el sistema de salud es complejo pues tenemos que atender varios frentes. Por un lado, tenemos prevalencia de enfermedades infecciosas como el dengue y la malaria en las zonas rurales. Por otro lado, tenemos la carga de las enfermedades crónico-degenerativas que no se han atendido debido a una pésima cultura de la prevención, esta situación ocurre mientras enfrentamos las epidemias de VIH y COVID-19.
El sistema de salud apenas resiste, sin embargo, debemos hacer accesible la salud para todas las personas. En Guatemala el objetivo del gobierno es tener un sistema de Redes Integradas de Servicios a la Salud (RISS), esto busca fundamentalmente tres mejoras en el sistema: 1) evitar barreras para el acceso a los servicios de salud, especialmente para las emergencias; 2) iniciar campañas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades crónico degenerativas con base en el contexto social, económico y cultural, y 3) reducir la fragmentación del sistema debido a la coexistencia de los sistemas de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el IGSS y los privados.
Es claro que el desarrollo económico no trae por sí sólo bienestar, pues existen una serie de servicios básicos que el estado debe proveer, pero que en nuestro contexto no ocurre así. En nuestro país la inversión de infraestructura carretera y vial no ha sido acompañada del mejoramiento del equipamiento urbano y la urbanización de las zonas cercanas a los proyectos de inversión. Ese rezago es síntoma de una falta de voluntad política, de corrupción o una mezcla perversa de ambas.
Impulsar la urbanización sostenible e incluyente del país mediante el diseño, coordinación e implementación de proyectos de equipamiento urbano, construcción de espacios públicos y de ordenamiento territorial -regularización de asentamientos irregulares-, con un enfoque transversal, a fin de contribuir con el bienestar de la población.
Activar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) para hacer partícipe a la sociedad de este proyecto y considerar en el presupuesto que se obtenga de la reestructuración, la inversión forzosa en desarrollo urbano. Los asentamientos urbanos cercanos a zonas de inversión pública tendrán prioridad y se proyectarán las siguientes metas:
Una parte fundamental del presupuesto que se invierta en el CONADUR se encargará de proyectos específicos de mejoramiento urbano y construcción de espacios públicos funcionales. Se desarrollarán las siguientes acciones:
Mientras se construyen proyectos de equipamiento urbano necesarios en el corto plazo, a mediano y largo plazo se deben replantear los objetivos de inversión y desarrollo territorial de todo el país. En esta política, se incluirán las siguientes acciones:
La presencia de asentamientos irregulares es responsabilidad de un Estado indiferente ante la ineficiencia en el acceso a una vivienda digna. Pero este es un problema que se debe abordar desde la planeación y los derechos humanos porque esta población carece de los servicios más básicos para vivir. Proponemos las siguientes acciones:
Mejorar el aprovechamiento de agua dulce que tiene disponible el país priorizando el uso residencial.
Impulsaremos una Ley de Aguas, e iniciaremos labores para que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tome el liderazgo como autoridad rectora y reguladora de los sistemas hídricos de Guatemala. Anualmente están disponibles 97 mil millones de metros cúbicos de agua dulce. Sin embargo, de esto solo se aprovecha un 10% a nivel nacional.
El censo de los sistemas hídricos del país nos permitirá saber en qué punto debemos invertir para la adecuada clarificación de agua corriente y el tratamiento correcto de aguas negras y residuales, así como inversión pública para reparar fugas.
Es hora de hacer un censo preciso que notifique al público del estado de los pozos públicos y privados, líneas de flujo hídrico, calidad del agua, cantidades de agua extraídas, entre otros.
Y de emitir regulación que contemple para los privados la implementación de instrumentos de eficiencia hídrica, como auditorías hídricas, huella de agua y huella hídrica, según el caso.
Para hacer frente al problema de la seguridad alimentaria vamos a consolidar un sistema de bancos de granos y un programa nacional de transferencias directas o en especie para comunidades con grados de marginación y salud críticos.
Erradicar la desnutrición y sus efectos negativos a largo plazo. Que nuestras infancias tengan el alimento para jugar, estudiar y sean libres de desarrollar sus personalidades; y que nuestros adultos nunca vuelvan a preguntarse si tendrán para comer mañana.
Que la Cruzada Nacional para erradicar el hambre y la desnutrición sea dirigida por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) para su fortalecimiento. Este Programa será de carácter nacional, tendrá prioridad en el presupuesto y contará con el apoyo político de mi presidencia y la bancada de VOS en el Congreso. Las metas del programa serán las siguientes:
La desnutrición y el hambre representan una crisis humanitaria en nuestro país. Esto no es negociable. Tenemos que hacer frente a esta emergencia y vamos a ponernos manos a la obra para combatirla. Por ello, implementaremos lo siguiente:
Guatemala se ha visto afectada por el abandono del campo. Las poblaciones que habitan lejos de centros urbanos y que confiaban en la producción de su tierra para saciar sus necesidades alimentarias, ahora simplemente no tienen qué cultivar ni qué comer. Para lograr lo siguiente proponemos las siguientes acciones:
El Estado debe replantear las políticas de atención a la desnutrición para que generen capacidades de largo plazo, al mismo tiempo que atienda de inmediato la cantidad y calidad de alimentos que están ingiriendo las infancias indígenas. Con el programa De la tierra a la mesa, proponemos realizar las siguientes acciones:
El acompañamiento y seguimiento en campo de los dos programas insignia será el factor decisivo para lograr las metas y el objetivo propuestos. Por lo anterior, debemos realizar las siguientes acciones:
La inversión en educación de nuestro país está muy por debajo de los estándares internacionales. Por ello, debemos ponernos manos a la obra para incrementar las opciones que las familias de Guatemala tienen para incorporar a sus hijos a una educación de calidad.
Darle a las familias guatemaltecas la posibilidad de elegir la mejor opción escolar para sus hijos, promoviendo la libre competencia entre las escuelas públicas y privadas.
Un Programa de Vales Educativos que busque mantener el involucramiento del estado en la calidad de las políticas educativas y de cómo se imparte la educación en Guatemala. Cada vale por la educación representa la inversión del estado para que cada familia encuentre la mejor opción escolar para sus hijos. Para iniciar el programa, antes, nos daremos a la tarea de fijar un piso mínimo de calidad a los colegios participantes en el sistema de vales.
Este Programa tendrá dos metas:
Los vales están diseñados para aumentar la capacidad de familias con menos posibilidades económicas de decidir en qué escuela quieren inscribir a sus hijos sin importar la cuota base del colegio.
Elevaremos la calidad de los servicios escolares y reduciremos el costo de estos al aumentar la demanda por parte de la población. Entre más personas decidan inscribir a sus hijos en las escuelas con mejor calidad educativa, estas tendrán más presupuesto en relación con la cantidad de alumnos inscritos.
La salud de los guatemaltecos está limitada por una inversión insuficiente durante décadas que nos ha dejado un sistema en condiciones lamentables, herencia de la corrupción de gobiernos anteriores. Para refundar nuestro sistema de salud, es necesario reorientar el gasto para mejorar el impacto que tenga en la salud de los beneficiarios, al mismo tiempo que se aumente la cobertura de los servicios.
Mejorar la calidad e impacto real de los servicios de salud disponibles en el país por medio de una reorganización del presupuesto con que se cuenta para este rubro.
Una revisión y reorganización exhaustiva del presupuesto público en salud. Esta revisión estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Con esta revisión se piensa lograr tres metas:
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se enfocará en desarrollar estrategias para la prevención de enfermedades, poniendo especial atención a las enfermedades crónico-degenerativas con un enfoque social, económico y cultural. Esta estrategia tiene que estar en concordancia con el Programa Nacional para la Alimentación y la Reducción de la Desnutrición.
Actualmente los servicios de salud son deficientes, el gasto no está bien planificado y se nota en la calidad de las instalaciones o la insuficiencia de personal de la salud. Orientaremos el gasto corriente, cortando todo lo innecesario y priorizaremos la inversión en equipo médico, medicamentos y mejoras a las instalaciones.
Se llevará a cabo un proceso para lanzar nuevos esquemas de afiliación para los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a grupos específicos como estudiantes, personas que viven con discapacidad, así como periodistas. En este caso, la cuota de financiamiento deberá cubrirse una parte por las personas afiliadas o las instituciones educativas y la otra parte se financiará con la inversión del gobierno.
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Desarrollo territorial en Guatemala: desafíos y oportunidades