Guatemala no está condenada a la corrupción aunque así pueda resumirse la historia moderna de nuestro país: cada cuatro años llega un nuevo corrupto que promete acabar con los abusos y termina haciendo exactamente lo mismo.
El primer paso para salir de este ciclo es entregarle las riendas a una nueva generación de guatemaltecas y guatemaltecos que quieren luchar contra la indiferencia y los abusos del pacto de impunidad.
Para erradicar la corrupción debemos pasar de un esquema reactivo y punitivista —en el que nos volcamos contra eventos escandalosos del pasado— a uno preventivo y ciudadano —que transparente el gasto, vigile a los funcionarios y castigue a los corruptos.
Desde hoy nos ponemos manos a la obra para construir un gobierno que sirva a la ciudadanía, no a la élite que se recicla cada cuatro años. Te invito a construir un Estado honesto y a combatir la corrupción.
Guatemala es un país en el que la corrupción se ha hecho presente en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Esto ocurrió durante varias décadas de gobiernos: unas, al amparo de la fuerza militar y la represión; otras, una burda simulación de la democracia en las que una partidocracia corrupta y financiada por el crimen organizado ha destruido lentamente las capacidades del Estado.
La corrupción ha erosionado todos los niveles operativos del Estado, ha malversado sus recursos y ha pervertido los objetivos más fundamentales de sus organismos.
Hace casi cuatro décadas nos prometieron un cambio en nuestro Estado: uno que nunca llegó. La transición a la democracia no ocurrió, los grupos militares encontraron otras vías para mantenerse en el poder, y nuevas y viejas élites hicieron de la política un negocio. Finalmente, el deterioro se volvió absoluto cuando el crimen organizado comenzó a financiar campañas y gobiernos enteros.
Hemos visto docenas de funcionarios y políticos procesados en todos los poderes del gobierno: desde el organismo judicial, con casos como el de Blanca Aída Stalling Dávila (Clavel, 2017), ex ministra de la Corte Suprema, hasta el organismo legislativo, con casos de malversación y cobro de cuotas, como el de Pedro .Muadi (Yagoub, 2015). También hemos atestiguado procesos judiciales por esquemas financieros más complejos que necesitan la complicidad de la más alta élite política, la presidencia, como ocurrió con Colom en el caso Transurbano (Clavel, 2018), con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el caso La Línea (Pachico, 2015) o con Arzú en el caso del encubrimiento de Byron Lima Oliva “Rey del sistema penitenciario” (Bargent, 2017). Sin embargo, a pesar de que algunos antiguos funcionarios han sido procesados y enjuiciados con éxito, la política anticorrupción sigue siendo reactiva. Necesitamos cambiar de estrategia.
La corrupción debilita a todo el Estado. Las áreas que están encargadas de evitarla se vuelven cómplices de actos corruptos burdos y grotescos como La coperacha de regalos para Pérez Molina (Barreto, 2016) o de esquemas más complejos como La Línea o Transurbano, en donde las autoridades avalan y operan la obtención de rentas ilegales. Estas situaciones son alarmantes, pues implican que la inversión pública sea menor y se den peores servicios.
Un gobierno sin capacidades ni una Política Criminal Anticorrupción correctamente implementada, no puede evitar la ilegalidad ni mantener el estado de derecho. Un gobierno sin medios no puede proteger al pequeño y mediano empresario (Guatemala: 40% de empresas de alimentos son extorsionadas, según CGAB, 2013), ni es capaz de promover la inversión, el crecimiento económico. Esto, sin mencionar que es imposible hacerle frente a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos con un Ministerio Público cómplice, un Organismo Judicial rebasado y a merced de las presiones criminales y políticas.
Aunado al hecho de la colusión por parte de las instituciones de combate a la corrupción, los recursos que se les asignan anualmente han sido insuficientes para transitar de un esquema reactivo a uno proactivo. Por un lado, las cuatro fiscalías anticorrupción sólo han tenido históricamente el 2.2% del total del presupuesto del Ministerio Público, mientras que el Sistema de Mayor Riesgo sólo es el 0.33% del presupuesto del Organismo Judicial.
La simulación es algo cotidiano en el ejercicio del gasto del gobierno relativo a contrataciones, pues el 94% de los procesos de licitación, sólo tiene un oferente, las compras pactadas siguen ocurriendo, en un teatro de legalidad (CIEN, 2023). El marco legal para el ejercicio presupuestal y el gasto de contrataciones públicas es deficiente, no vincula lo planeado con lo ejercido y los resultados de cada contratación; no existe un plan que represente las mejores opciones de compra para el Gobierno. La competitividad que deberían de promover las contrataciones basadas en licitaciones se ve truncada por procesos licitatorios hechos a modo, la colusión de funcionarios con los licitantes; la poca integración con otros sistemas de inteligencia y gestión financiero; y la falta de indicadores sobre el desempeño de los procesos de compras gubernamentales.
La rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción son difíciles de realizar si no existe transparencia. Los casos de corrupción que se han llevado a la justicia guatemalteca normalmente se presentan después de una investigación sobre malversaciones o fraudes y como consecuencia se investiga el patrimonio de los funcionarios sospechosos. Sin embargo, es muy complejo presentar un caso exitoso de enriquecimiento ilícito, si no se puede contrastar el patrimonio anterior al cargo con el más reciente. En caso de La Línea, por ejemplo, se absolvió a Pérez Molina y Baldetti por enriquecimiento ilícito, pues según el Tribunal, no hubo medios de prueba para demostrar este hecho delictivo, a pesar de que a ambos delincuentes se les habían extinguido varios bienes que no tenían origen lícito comprobable (Cuevas y Del Águila, 2022).
Por eso es relevante revisar constantemente los bienes, intereses y la situación fiscal de funcionarios y políticos que ocupan cargos de elección en Guatemala. Es necesario profundizar y ampliar la Declaración Jurada de Bienes y Deudas de la Ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos.
La corrupción pervierte las funciones de las estructuras del Estado. Los funcionarios del gobierno comienzan a operar para satisfacer los intereses de su grupo, al extremo de mantener y participar en redes de trata de personas como las que provocaron el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, en 2017 (Ahijado, 2018). La corrupción se ha convertido también en un aparato para combatir las voces disidentes y honestas, como ha ocurrido, en los últimos 7 años al menos 86 “fiscales, jueces, magistradas, analistas, periodistas, integrantes de organizaciones y ciudadanos en contra de los que se han abierto investigaciones penales…” para perseguirlos, amedrentarlos, y en muchos casos exiliarlos. (Maldonado, 2022)
El 29 de julio de 2022, el organismo judicial ordenó la detención de Rubén Zamora y el allanamiento de las oficinas de “elPeriódico”, medio que dirigía. Desde entonces se encuentra preso, pero aún sin sentencia. De lo único que Rubén Zamora es culpable es de haber hecho periodismo comprometido con la verdad: documentar la corrupción del país desde hace diez años.
La situación de Zamora también la han vivido otros periodistas y otros funcionarios honestos del Ministerio Público y el Organismo Judicial. El último en exiliarse debido a la persecución fue Carlos Vídez, exfiscal especial contra la impunidad.
Durante este gobierno corrupto y violento se han exiliado alrededor de 30 funcionarios judiciales y decenas de activistas y periodistas que han sufrido o temen la represión del gobierno por su compromiso con la verdad.
El sistema está quebrado y no sólo es un riesgo por sus omisiones e ineficiencia, sino que es cómplice de las amenazas contra ciudadanos guatemaltecos. La confianza en las instituciones de justicia es muy baja. En un país en el que el 80% de los casos nunca llegan a resolverse, los criminales y corruptos pueden estar tranquilos de que no se les va a tocar ni con el pétalo de una investigación: tienen la seguridad de que quedarán impunes y que quienes los denuncian serán perseguidos y encarcelados.
Lucha proactiva anticorrupción y menos simulación. Fortalecer el sistema anticorrupción para que atienda con prontitud los posibles casos de corrupción que se le presentan; investigue proactivamente redes y esquemas de corrupción; elimine espacios legales o procedimentales de discrecionalidad en compras y contrataciones, y mejores procesos de fiscalización y coordinación entre la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y los Tribunales de Mayor Riesgo.
Robustecer las capacidades de las instancias del Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial que se dedican a procesar casos de corrupción y reorientar sus esfuerzos para transitar de una política criminal reactiva a una proactiva que se dedique a investigar esquemas de corrupción más complejos que requerirán personal más especializado.
Fortaleceremos las fases de planificación y diagnóstico para concretar un presupuesto destinado a combatir la corrupción en todas las dependencias del Gobierno, desde la Contraloría General de Cuentas, para generar mejores mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, hasta las fiscalías especializadas del Ministerio Público y los Tribunales de Mayor Riesgo para aumentar sus capacidades y la profesionalizar a su personal.
Desarrollar proyectos de presupuesto basados en resultados, con indicadores como la eficacia en el procesamiento de casos de corrupción, el porcentaje de casos con sentencias condenatorias y la presentación de casos formulados por la investigación proactiva.
Instalación de una Mesa de Coordinación para el Combate a la Corrupción integrada por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, que definirá prioridades y compartirá información concerniente a los casos de corrupción.
Desarrollar una política criminal anticorrupción proactiva basada en inteligencia y técnicas de criminalística para detectar redes de corrupción y espacios de discrecionalidad en el Gobierno, así como formular casos de corrupción exitosos.
A través de la bancada de VOS en el Congreso, pondremos especial énfasis en etiquetar recursos para la ampliación de capacidades de combate a la corrupción para las fiscalías especializadas del Ministerio Público y los Tribunales de Mayor Riesgo.
Incrementar, en al menos un 30%, el presupuesto anticorrupción para gasto operativo y para capacitación y adquisición de tecnología para el Ministerio Público y los Tribunales de Mayor Riesgo del Organismo Judicial.
Mejorar los procesos de Contrataciones de Gobierno para promover una verdadera competencia, reducir la discrecionalidad y generar los mejores resultados para los guatemaltecos mediante el refinamiento del marco legal, el mejoramiento de la tecnología (Guatecompras), el desarrollo de indicadores de desempeño y resultados de los procesos de adquisición y la integración con otros sistemas de información del Estado.
Presentar una iniciativa respaldada por la bancada de VOS, para reformar el marco legal del proceso de compras e incluir normativa para:
Desarrollar Guatecompras 2.0 con el fin de incluir:
Asegurar que todos los servidores públicos, funcionarios electos por voto popular, candidatos o miembros de la dirigencia de algún partido político sean honestos y transparentes; que se sometan al escrutinio constante de todo aspecto que represente un riesgo de conflicto de interés o relación con el crimen organizado, y sean sancionados de manera ejemplar por la comisión de algún delito de corrupción.
Mejorar los procesos de fiscalización y aumentar las sanciones por corrupción para servidores públicos. Aumentaremos los datos requeridos en la Declaración Jurada para obtener información relacionada con intereses profesionales, empresariales, familiares y fiscales, además de los bienes y las deudas de los sujetos fiscalizados.
Reformaremos el marco legal para incluir como información de la Declaración Jurada la situación fiscal y de intereses, así como para ampliar los sujetos de responsabilidad a presentar esta declaración.
Profundizar y ampliar los sujetos de responsabilidad de la Declaración Jurada. Presentar iniciativa de reforma a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados públicos que adicione como requisitos de la Declaración Jurada la siguiente información:
Y que incluya la ampliación de sujetos de responsabilidad de la ley a:
Aumentaremos las condenas de cárcel para todos los delitos de corrupción e incluiremos la pena de inhabilitación permanente para desempeñar cargos públicos, con el fin de disuadir intentos de delitos de corrupción.
Muerte civil y penas superiores por delitos de corrupción. Presentar iniciativa de reforma a la Ley Contra la Corrupción para aumentar las penas de cárcel para todos los delitos de corrupción y la pena de muerte civil o inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos para algunos de los siguientes delitos de corrupción:
Revocación de Mandato para el Presidente. Utilizar este mecanismo de rendición de cuentas de democracia directa nos puede ahorrar tantos malos gobiernos que pudieran durar menos de un año, pero están protegidos por 4 años sin que la población pueda hacer algo mientras ellos lucran, reprimen y dañan a las instituciones.
Presentar iniciativa para la Ley de Revocación de Mandato, que contemple un plebiscito que pueda ser activado a partir del primer año y medio de gobierno por iniciativa popular y contemple la remoción del presidente, así como los mecanismos para instalar un régimen transicional y la planeación de un proceso electoral para la presidencia.
Sentar las bases de un sistema anticorrupción independiente, profesional, con recursos suficientes y competencias para la investigación especializada y para la formulación y procesamiento de casos de corrupción.
Una reforma integral para las instituciones del sistema de procuración de justicia y a la Contraloría General de Cuentas para institucionalizar las capacidades de investigación y detección de hechos y redes de corrupción y la coordinación de las tres instancias para mantener una fiscalización efectiva y con sanciones reales.
Emprenderemos una reforma legal y constitucional para evitar la coincidencia de períodos de la persona Fiscal General y el Presidente de la República, así como para incluir la aprobación del Congreso para la destitución de la persona titular del Ministerio Público.
Presentar Iniciativa de Reforma a la Constitución, en lo referente al Ministerio Público, y que será respaldada por la bancada de VOS, para:
Reforma al marco legal de la carrera judicial, para hacer los procesos de ascenso meritocráticos y transparentes.
Reformar la Ley de la Carrera Judicial, estableciendo reglas claras para la carrera judicial y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre decisiones de promoción o degradación de jueces.
Proponer al Organismo Judicial la implementación de recomendaciones de la Secretaría Ejecutiva de la Modernización del Sector Justicia e incluir sus necesidades en la planeación del presupuesto.
Aunque la corrupción sigue imperante, han existido casos de éxito y experiencias que generaron capacidades y experiencia en los órganos del Estado, por eso se propone una revisión a los casos de éxito y el planteamiento de necesidades para institucionalizar las capacidades y competencias necesarias para formular investigaciones exitosas contra la corrupción.
Revisión de la experiencia de la colaboración del Ministerio Público de la CICIG para incluir la experiencia y rescatar las competencias desarrolladas por los cuerpos de investigación de ese periodo.
Institucionalizar las capacidades de investigación y competencias identificadas de la revisión de la experiencia MP-CICIG para la formulación de casos de corrupción exitosos.
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Esta ruta en medio de la tormenta se trazó gracias al norte de todas y todos ustedes periodistas, investigadores, activistas, especialistas y profesionales honestos del servicio público. La colectividad nos ha dado el diagnóstico: un amplio Frente de organizaciones que respaldan mi candidatura, las bases de VOS, mi partido y la aspiración de cambio para Guatemala que vive en cada uno de nuestros paisanos han nutrido este documento para señalar las situaciones más sentidas y perjudiciales para las y los guatemaltecos.
Agradezco a las personas, organizaciones, instituciones académicas, organismos internacionales, medios de información, a mi partido y equipo de campaña que aportaron el dato preciso y las ideas de este, Su Plan de Gobierno. A la prensa libre y de investigación rigurosa, gracias por asumir el riesgo de publicar con la verdad. A la academia: mi alma mater, la tricentenaria USAC, la Universidad Francisco Marroquín, la UVG, el CIEN, los Centro de Investigación del CLACSO, el INE y demás instituciones académicas, gracias por la masa crítica y el diagnóstico acertado. A las organizaciones sociales, las personas activistas y los movimientos sociales, gracias por ser una inspiración constante para transformar nuestra nación.