La partidocracia corrupta le dio la espalda a las mujeres guatemaltecas, las excluyó de la participación en la vida política y se olvidó de su seguridad. Nunca les importó que las cifras violencia fueran en aumento, ni las historias de mujeres violentadas o muertas. En resumen, ignoró sus carencias y minimizó las desigualdades.
En nuestro gobierno vamos a centrarnos en las mujeres y sus demandas: educación para el trabajo, tenencia de la tierra, erradicación de la violencia y participación en los espacios de poder. Necesitamos un congreso con más mujeres; queremos más alcaldesas y mujeres miembros de consejos municipales.
De la mano con organizaciones de la sociedad civil, comunidades y pueblos, vamos a construir instituciones que les den justicia y seguridad a todas las mujeres de nuestro país.
Te invito a que nos pongamos manos a la obra con las mujeres de Guatemala.
En Guatemala ser mujer significa experimentar desigualdades, vivir estigmatizada o criminalizada, contar con menos oportunidades de empleo, ser víctima de la violencia de familiares y conocidos y ser presa del temor de las amenazas que representa el crimen organizado cada que sales a la calle o te subes a un taxi. Guatemala le debe muchísimo a todas las mujeres del país, quienes cada día contribuyen a la sociedad y la economía, porque constantemente viven violencia, invisibilización y abandono.
En el país hay 7,678,190 mujeres, lo que representa más de la mitad de la población (51.4%) (INE, 2019). Sin embargo, en términos económicos, más de la mitad de las mujeres durante la adolescencia a la vejez se dedica a labores no remuneradas haciendo tareas del hogar (INE, 2021). Esto significa que, a pesar de aportar tanto a la vida en sociedad, la cohesión familiar, la crianza de los hijos y el mantenimiento de las casas no reciben ningún pago, no se les da seguridad social ni prestación alguna. Esto coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y desigualdad económica porque su tiempo se compromete en el cuidado de los demás y obstaculiza el libre desarrollo de su persona.
Estas cifras se asocian con las tasas de natalidad, la planeación familiar y las oportunidades de las mujeres. Aunque el promedio de hijos a nivel nacional es de 3.8 hijos por mujer, en realidad el promedio aumenta si se trata de mujeres rurales (4.3), o si no tienen educación (5.7 hijos) o si se trata de mujeres mayas (4.3) o mujeres xinka (4.5) (INE, 2021).
Una de las cuestiones más apremiantes por atender para nuestro Gobierno será la violencia contra las mujeres. Según ONU Mujeres y Care en Guatemala (2021), 69% de las mujeres refiere que ha vivido violencia psicológica, 55% violencia física y 47% violencia económica. Ante estas cifras alarmantes, aún más preocupante es que sólo el 2% de los delitos por violencia de género tiene una sentencia. Necesitamos instancias que resuelvan efectiva y rápidamente casos de violencia para buscar justicia y disuadir futuras conductas violentas. (OPS, 2022)
Entre violencia física y económica, también tenemos una crisis de violencia política, debido a la exclusión sistémica de las mujeres de los puestos de representación popular. Esta situación se ve reflejada en la menor participación que hay de mujeres en organizaciones y asociaciones civiles. (INE, 2021)
Las desigualdades por interseccionalidad cuando eres mujer guatemalteca obstaculizan tu desarrollo personal. Por ejemplo, el analfabetismo es 3 veces más persistente en mujeres indígenas que en hombres no indígenas (Oxfam, 2019). Esta situación está relacionada con la calidad y el acceso a la educación en niveles básicos y significa una barrera inicial enorme para todas las mujeres.
Actualmente, a pesar de que la mayor cantidad de personas matriculadas en la universidad, así como personas egresadas con un título de licenciatura son mujeres, el comportamiento económico y ambiente social sigue llevando a las mujeres por el camino del trabajo de casa no remunerado (INE, 2021).
La gravedad de esto es que no sólo estamos poniendo barreras de ingreso a la educación y el desarrollo, sino que todo nuestro discurso sobre la meritocracia, sobre el esfuerzo que te podrá llevar a una mejor situación económica se cae y esto sin duda desalienta a las jóvenes y mujeres que también migran y rechazan un país sin oportunidades.
Aunque el salario promedio mensual está por igualarse entre hombres y mujeres, este indicador no representa la cantidad de inequidades que ocurren en ramas específicas de la economía o en algunos gremios. La violencia no sólo se ejerce en casa, también excluye a las mujeres de entornos laborales y trunca su carrera profesional (INE, 2021).
Un dato relevante sobre la desigualdad en el país es que las mujeres indígenas rurales reciben en promedio sólo una tercera parte de los ingresos de los hombres mestizos que viven en la ciudad (Oxfam, 2019). Un factor relevante que perpetúa este tipo de condición es que la mayoría de las mujeres que tiene un empleo lo tienen en la informalidad.
Tenemos una deuda histórica con la protección del derecho a decidir, a la planeación familiar o al matrimonio, pero también en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Más de 400 mujeres mueren al año por muerte materna, el 73% de estas muertes ocurren a mujeres indígenas y 50% de las madres indígenas tiene su embarazo y parto sin un doctor (MSPAS, 2021).
De las mujeres entre 15 y 19 años, el 6% están casadas y el 14% están unidas; una de cada cinco ha tenido hijas e hijos o ha estado embarazada. La familia, la educación, la economía, la política y la religión son factores que pueden seguir, ya sea reproduciendo o comenzando a frenar estas situaciones. Sin embargo, ha sido otra gran falta de nuestro gobierno esta negligencia hacia las mujeres que ya tiene huella intergeneracional y se puede prevenir. (UNICEF, 2019)
En Guatemala cada día 176 niñas y adolescentes se vuelven madres. (UNFPA, 2022) Esta cifra alarmante se relaciona con la situación general de inequidad y falta de acceso a un desarrollo humano completo. La vida de estas jóvenes se ve detenida por un embarazo al inicio de su edad reproductiva y sesga el resto de sus vidas y alcance de su potencial. Lucharemos para que todas las niñas de la siguiente generación sean libres y no vean su futuro y potencial detenido por un embarazo y casamiento infantil.
Los feminicidios y la violencia de género son dos de los problemas más lamentables de la crisis de seguridad en el país. Este fenómeno también va en aumento, pues el 2021 se colocó como el año récord en delitos contra mujeres denunciados, con 883 denuncias. El 12% de estos casos (109), se trataron de violaciones. Este tipo de violencia se focaliza en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Suchitepéquez, Escuintla y Zacapa. (CIEN, 2022)
Sólo el 30% de las sentencias por feminicidios son condenatorias. (CIEN, 2022) Esto significa que por un lado el MP está formulando y presentando de manera deficiente los casos, y por otro que también nuestros jueces no tienen la capacitación para juzgar con perspectiva de género. También significa que los tribunales presentan un rezago importante, pues el 62% de los casos continúa sin una sentencia. (CIEN, 2022)
Nueve de cada diez casos de violencia familiar ocurren en contra de mujeres y tres de cada 10 de estas denuncias afectan a mujeres mayas. En Guatemala se presentan 51,563 casos de violencia contra las mujeres, pero solo 27,450 (53,23%) tienen una salida procesal, sin embargo, 25,285 (94%) de estas carpetas con salida son por desestimación y tan solo 1,209 concluyen con una sentencia. (Infosegura, 2022)
En un país en el que la cifra negra es de más del 80% para algunos delitos, del total de casos de mujeres con herramientas y condiciones para presentar una denuncia, sólo se le da una sentencia al 2% del total de los casos que se presentan. Los casos no judicializados representan un problema enorme.(CIEN, 2022)
Facilitar el acceso de las mujeres a instancias especializadas del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil son algunas de las acciones que pueden encontrar en mi plan de gobierno.
Tanto mujeres como grupos indígenas tienen tres veces menos representación en diputaciones con respecto al tamaño de su población. En las elecciones generales de 2019 no existió la paridad para ningún tipo de cargo de elección. (Oxfam, 2019)
Reducir las desigualdades económicas de las mujeres de Guatemala, especialmente en lo relativo a las oportunidades, el acceso a recursos financieros y el ingreso laboral mediante el impulso e implementación de la iniciativa 5452 Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres.
La promulgación e implementación de la Ley del Desarrollo Económico de las Mujeres, del sistema de Desarrollo Económico de las Mujeres, el inicio de operaciones del Sistema de Desarrollo Económico de las Mujeres y la aplicación de los programas sociales ahí contemplados, a través de componentes de los programas sociales propuestos en nuestra agenda “Programas y servicios para el desarrollo”, capítulo 4 de este plan de gobierno.
Impulso legislativo de la iniciativa 5452. Para que continúe la discusión en el legislativo y sea aprobada y promulgada a fin de continuar con su implementación.
Planeación presupuestal para la creación e instalación de los órganos del Sistema Nacional de Desarrollo Económico de las Mujeres:
Coordinación para la implementación de los programas previstos en la ley, con base en las posibilidades que brinde la agenda de programas sociales prevista en el capítulo 4 de este Plan de Gobierno mientras se crea el Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres mediante el FODEM, el cual administrará los recursos que requieran los programas de la ley.
Evaluación de resultados e impacto de la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres
Mediante la participación de organizaciones de mujeres de donde emergió esta iniciativa, y de expertas para reformular los programas u operación de la política y continuar con una mejor implementación.
Estipular contrataciones paritarias para toda inversión de gobierno. Se regulará la paridad de plantillas en contrataciones, inversiones públicas o alianzas público-privadas.
Acompañar la la iniciativa e implementación de Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres de una Reforma Laboral amplia que contemple el acceso equitativo de oportunidades laborales y salarios en el sector público y privado, todos los proyectos financiados por gobierno, así como las Asociaciones Público Privadas para facilitar el acceso a servicios de la Seguridad Social guatemalteca.
Revisar el marco legal laboral para promover una reforma amplia que obligue al Gobierno y al sector privado a reformular sus políticas de contratación para aplicar contrataciones con paridad de género en las ternas y plantillas paritarias para cuerpos directivos.
Reforma al Código del Trabajo Instruir a los Ministerios de Economía y de Trabajo y Previsión Social a desarrollar la iniciativa de reforma al Código del Trabajo de Guatemala, Decreto 330 que contemple:
Discusión en Parlamento Abierto. Solicitar al congreso la discusión de la iniciativa en modalidad de parlamento abierto, lo cual será respaldado por la bancada de VOS. Se tiene la intención de realizar una invitación más amplia a organizaciones de mujeres y expertas en el tema para enriquecer la reforma laboral en foros y mediante tecnologías de la información.
Esquemas de auto afiliación a la Seguridad Social para Todas. Instruir a la persona titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a que desarrolle, previendo siempre la sostenibilidad financiera, esquemas de afiliación individual a la seguridad social que al menos brinden el servicio de salud para los:
Procesos de contratación paritarios. Modificar la regulación correspondiente a los procesos de contratación de funcionarios del gobierno para que todas las ternas o grupos de candidatos para un puesto sean paritarios.
Plantillas directivas paritarias. Buscaremos que en todo el gobierno de direcciones para puestos superiores los puestos estén ocupados de manera paritaria.
Reducir prontamente el índice de matrimonios, uniones y embarazos infantiles y adolescentes.
Impulsar una campaña de concientización y promoción de la denuncia de delitos de explotación infantil y trata de personas, de la mano de la procuración de justicia. Asimismo una campaña de educación sexual para niñas y adolescentes.
Desarrollo de campaña de concientización para la denuncia. Se instruirá a la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, coordinar con la participación de las Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia del MP y las demás autoridades competentes.
Inclusión de la agenda de combate a la trata de menores como prioridad dentro de la política criminal del MP. Con la finalidad de dar atención prioritaria a los casos que esperamos se comiencen a denunciar a través de la campaña, el MP, en acompañamiento de las instancias encargadas de protección de la niñez atenderá oportunamente los casos.
Uso del preservativo. Componente de comunicación para uso del preservativo en las relaciones sexuales. Se proveerá de preservativos para clínicas e instituciones educativas del diversificado a la universidad para que los repartan de manera gratuita entre adolescentes.
Es mi cuerpo, yo decido. Campaña de educación sexual para mujeres jóvenes, articulada desde el Ministerio de Salud y Asistencia Social para escuelas de nivel medio y medio superior.
Hacer accesibles y eficientes las instancias de denuncia y procuración de justicia para delitos contra las mujeres.
Impulsar, como parte de las reformas al Organismo Judicial y al Ministerio público, un componente de erradicación de la violencia contra las mujeres, con el fin de fortalecer las áreas que atienden los casos de delitos contra las mujeres, ampliar los medios de denuncia e incluir fiscales y juezas mujeres para llevar estos casos.
Apertura de albergues para casos de violencia feminicida. Ordenar la apertura de albergues gestionados por la Secretaría Presidencial de la Mujer, en los cuales se podrán albergar las mujeres víctimas de violencia feminicida cuando el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil así lo soliciten.
Medidas de protección inmediata. El MP establecerá de manera automática medidas de protección para la o las personas que son fuente de riesgo de violencia feminicida siempre que se requiera.
Una línea de denuncia de violencia contra las mujeres. Se instalará una línea de atención para denunciar violencia feminicida la cual coordinará trabajos entre el MP y la PNC, para atender de manera pronta las denuncias que reciba.
Presupuesto para aumento de capacidades y desarrollo de competencias de las fiscalía de atención de casos contra la mujer. Se etiquetará presupuesto especial para fortalecer las capacidades y desarrollar competencias del personal a cargo de las fiscalías que atiendan casos de violencia en contra de la mujer.
Casos de mujeres procesadas por mujeres. Se promoverá en el Ministerio Público y se propondrá al Organismo Judicial que las responsables de las instancias de atención a la mujer, quienes tienen contacto con ellas y fallas sobre sus casos sean mujeres fiscales y juezas, con preparación en investigación y análisis jurídico con perspectiva de género.
Abrir el sistema político a la participación equitativa. Lograr que más mujeres ocupen puestos de elección popular y candidaturas.
Impulsar un gran acuerdo nacional hacia la paridad
Proceso participativo hacia la igualdad política. Espacio, desde el que se haga un llamado amplio a partidos políticos, mujeres activistas y expertas en el tema para llevar a cabo acciones que abran el sistema político para las mujeres.
Puestos directivos del gobierno paritarios. Instruiré a ministros y secretarios a formar sus equipos de trabajo de manera paritaria.
Paridad en elecciones y dirigencias partidistas. Se impulsará una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para incluir el principio de paridad en todas las listas de candidaturas y en la conformación de los órganos directivos de los partidos políticos.
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